Las arcas estatales cuentan con recursos suficientes para enfrentar el desafío de las inundaciones, pero estos fondos permanecen sin ser invertidos en las obras que exige la ley. En su lugar, contribuyen al financiamiento del Tesoro Nacional, generando un desvío de propósitos que deja expuestas a comunidades vulnerables.

El panorama es claro en términos económicos: el dinero existe. Lo que brilla por su ausencia es la determinación política para canalizarlo hacia su destino original. El fondo creado mediante legislación específica debería estar implementándose en proyectos de prevención y contención de inundaciones en distintas regiones del país.

Esta situación ejemplifica un fenómeno común en la administración estatal: la disponibilidad de recursos no se traduce automáticamente en su ejecución donde más se necesita. Aunque las partidas presupuestarias están asignadas y los fondos están disponibles, las obras continúan en el papel mientras el dinero se dedica a cubrir otras demandas fiscales.

Las consecuencias son tangibles para quienes habitan zonas propensas a desastres hídricos. Sin la inversión en infraestructura de contención y prevención, la vulnerabilidad persiste. El desafío entonces no es de recursos, sino de gestión política y administrativa que priorice la ejecución de estos fondos según su propósito original establecido por ley.

Imagen: MART PRODUCTION / Pexels – Con informacion de Clarín Rural