La administración revirtió su plan de desregulación integral de los prácticos portuarios luego de que el sector implementara medidas de fuerza que dejaron sin operaciones a los puertos principales. El resultado fue un acuerdo que incluye una reducción tarifaria del 20% y la conformación de una mesa para futuras conversaciones.

El gobierno había apostado por una transformación estructural del sector: eliminar las regulaciones que rigen la actividad de los prácticos con el objetivo de generar mayor competencia y reducir costos. Sin embargo, la estrategia topó con una resistencia organizada que demostró ser efectiva.

Los prácticos respondieron con acciones que paralizaron completamente los puertos, dejando en evidencia su capacidad para obstaculizar actividades que consideran críticas para la economía. Ante esta realidad, el Ejecutivo tuvo que replantear su enfoque y buscar una salida negociada.

El acuerdo final refleja un equilibrio incompleto entre ambas posiciones. Por un lado, el gobierno logró que los prácticos aceptaran una baja significativa en sus tarifas, del 20%. Esta concesión del sector representa un avance en la dirección que buscaba la administración, aunque insuficiente según sus aspiraciones originales. Por el otro lado, los prácticos evitaron la desregulación total que podrían haber enfrentado en un escenario sin capacidad de negociación.

La institucionalización de una mesa de trabajo entre el gobierno y los prácticos abre un espacio para continuar discutiendo cambios en el sector sin que estos generen parálisis operacionales. Esta instancia de diálogo permanente puede servir para abordar cuestiones pendientes y buscar consensos que sustenten decisiones de largo plazo. La solución adoptada sugiere un aprendizaje sobre la importancia de construir acuerdos en sectores estratégicos donde la confrontación acarrea costos económicos significativos.

Imagen: Wolfgang Weiser / Pexels – Con informacion de Bichos del Campo