El proyecto prohíbe la participación financiera y operativa de actores extranjeros en campañas políticas y suma penas de prisión para quienes intervengan desde el exterior con el objetivo de alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.

La iniciativa también prevé penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, actuando por orden o con financiamiento extranjero, busquen interferir en los comicios o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación. El objetivo es ampliar la protección del sistema electoral frente a operaciones impulsadas desde el exterior.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviada por el Gobierno al Congreso incorpora un capítulo específico destinado a limitar la influencia extranjera sobre la política argentina. Además de las medidas vinculadas con Malvinas, recursos naturales, defensa e inteligencia, el proyecto propone nuevas restricciones para la participación de actores extranjeros en campañas electorales. (Argentina)

El texto establece que las personas humanas extranjeras alcanzadas por la prohibición y las personas jurídicas extranjeras no podrán financiar, organizar, dirigir ni ejecutar actividades de campaña o propaganda electoral en el país. La iniciativa busca ampliar las barreras frente a intervenciones externas que excedan una simple expresión de opinión y pasen a involucrar recursos, organización o conducción directa de campañas. (Chequeado)

Qué actividades quedarían prohibidas

La reforma apunta a cuatro acciones concretas: poner dinero, organizar, dirigir o ejecutar una campaña electoral.

Eso significa que la restricción no se limita al aporte económico. El proyecto también busca impedir que actores del exterior tengan un rol operativo en la planificación y realización de actividades proselitistas dentro de la Argentina. (Chequeado)

El cambio forma parte de un apartado que el proyecto denomina “fortalecimiento ante la influencia extranjera” y que también incluye modificaciones penales relacionadas con espionaje, operaciones clandestinas y otras acciones realizadas en beneficio de Estados u organizaciones extranjeras. (Chequeado)

Penas de hasta 12 años por interferir en elecciones

La iniciativa propone además incorporar una nueva figura penal para determinadas operaciones de interferencia extranjera.

Se contemplan penas de 5 a 12 años de prisión para quien, actuando por orden o con financiamiento total o parcial de un Estado u organización extranjera, realice actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. (Chequeado)

La misma escala penal también aparece para determinados actos de violencia o sabotaje financiados o promovidos desde el exterior, según el detalle del proyecto analizado. (Chequeado)

Una concepción más amplia de soberanía

El Gobierno presentó la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con tres objetivos generales: sancionar la explotación no autorizada de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y otorgar al Estado nuevas herramientas frente a amenazas externas. (Argentina)

Dentro de esa última categoría, el proyecto incorpora la idea de que una amenaza contra la soberanía no necesariamente tiene que adoptar una forma militar. También puede involucrar operaciones de inteligencia, financiamiento externo, interferencia política o acciones coordinadas destinadas a influir sobre decisiones internas.

Por eso, la iniciativa conecta la cuestión electoral con una reforma mucho más amplia del esquema de seguridad nacional.

También apunta contra operaciones clandestinas

El capítulo sobre influencia extranjera no termina en las campañas.

El proyecto propone nuevos delitos vinculados con la entrega de secretos, actividades de espionaje y el apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia realizadas en el país por cuenta de actores extranjeros. Entre las conductas enumeradas aparecen la provisión deliberada de recursos, documentación, identidades, instalaciones o medios técnicos. (Chequeado)

La intención declarada es crear un marco penal específico para acciones que actualmente pueden quedar repartidas entre diferentes figuras legales o que, según el Ejecutivo, requieren una respuesta más precisa.

Qué pasa con los argentinos que viven afuera

Las nuevas restricciones no implican que los ciudadanos argentinos residentes en otros países pierdan sus derechos políticos.

La legislación vigente reconoce a los argentinos con domicilio en el exterior el derecho a votar en elecciones nacionales, de manera optativa, en las condiciones establecidas por la normativa electoral. (Argentina)

El proyecto apunta específicamente a la intervención extranjera en el financiamiento, organización y dirección de campañas, no al ejercicio de los derechos políticos de ciudadanos argentinos que viven fuera del país.

El Congreso deberá definir el alcance final

Por ahora, todas estas modificaciones forman parte de un proyecto de ley enviado al Congreso el 17 de septiembre. No están vigentes y pueden ser modificadas durante el debate parlamentario. (Argentina)

Uno de los puntos que probablemente concentre discusión será la definición de conceptos como “campañas coordinadas de desinformación masiva”, debido a su relación con la libertad de expresión y con la necesidad de determinar de manera precisa qué conductas quedarían alcanzadas por una sanción penal.

Si el Congreso aprueba el texto en sus términos actuales, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sumará así un nuevo frente: impedir que actores extranjeros financien o conduzcan campañas políticas y establecer penas específicas cuando la intervención desde el exterior busque alterar elecciones o manipular de manera coordinada a la opinión pública.