La jornada de paro convocada por CTERA registró un panorama heterogéneo en escuelas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Mientras que en la capital porteña la mayoría de los establecimientos continuaron abiertos, en territorio bonaerense se observaron respuestas más variables según la zona.
El Gobierno nacional desplegó inspecciones para monitorear que las escuelas mantengan operativas sus actividades. Para ello, estableció como parámetro que debe existir una presencia mínima del 75% del personal en las instituciones, considerado como el piso necesario para garantizar funcionamiento durante conflictos gremiales.
Estas verificaciones las llevan adelante inspectores de Nación que recorren establecimientos educativos. No obstante, desde ámbitos provinciales se ordenó explícitamente que estos inspectores nacionales no recibieran datos ni información sobre la situación de las escuelas, una medida que evidencia fricciones entre los distintos niveles gubernamentales.
La medida de fuerza refleja tensiones no resueltas en el sector educativo respecto a demandas salariales y laborales. CTERA continúa utilizando paros como mecanismo para presionar por sus reclamos gremiales ante las autoridades.
Los resultados disímiles del acatamiento demuestran que la movilización sindical tiene alcances diferentes según territorios y estructuras locales de poder. Mientras algunos establecimientos vieron masiva adhesión, otros mantuvieron sus puertas abiertas sin dificultad. Esta fragmentación en la respuesta impacta en la evaluación general del conflicto y complica los cálculos políticos de todos los actores involucrados en la disputa educativa.
Imagen: Yeşim Çolak / Pexels – Con informacion de Clarín





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