El Gobierno nacional eliminó formalmente el fondo que hacía posible que niños diagnosticados con cáncer y personas con discapacidad viajasen sin pagar en el transporte público. La acción se enmarca en una reestructuración de gastos que la administración califica como necesaria.

Funcionarios del oficialismo sostuvieron que aunque se cancela el mecanismo de financiamiento, la gratuidad permanece como un derecho vigente que puede ser reclamado ante las autoridades correspondientes. «Las compensaciones que se pagaban carecían de sustento legal y presupuestario claro», argumentaron desde la Casa Rosada.

Miles de beneficiarios en todo el país utilizaban regularmente este servicio. Para sectores en condición de vulnerabilidad, la pérdida del subsidio representa un impacto económico directo en sus gastos de movilidad cotidiana.

La derogación afecta tanto a menores oncológicos como a adultos con discapacidades diversas certificadas por organismos competentes. Ambos grupos accedían históricamente a la gratuidad mediante documentación específica presentada a transportistas.

El desafío que enfrenta ahora el Estado es garantizar que el derecho a la gratuidad, declarado como aún vigente, pueda ejercerse efectivamente sin un mecanismo de financiamiento que lo respalde. Especialistas señalan que sin presupuesto asignado, la exigibilidad del beneficio quedará en entredicho.

Desde distintos ministerios trabajan en formular soluciones alternativas que permitan mantener la gratuidad mediante otros esquemas de compensación. Los plazos para implementar estas medidas aún no han sido comunicados públicamente.

Las empresas de transporte, que recibían compensaciones por los pasajes no pagados, también esperan claridad respecto de cómo será el procedimiento futuro para que se reconozcan estos costos.

Imagen: Nataliya Vaitkevich / Pexels – Con informacion de La Nación