En el marco de la Causa Cuadernos, Clarín detalló la operatoria mediante la cual se extorsionaba a los dueños de los peajes para evitar multas. El dinero era recaudado mensualmente por funcionarios de Planificación y terminaba en manos de los exmandatarios, según consta en la causa judicial.

El sistema de recaudación ilegal conocido como «la camarita» quedó al descubierto tras un informe de Clarín que detalla la ruta del dinero desde las concesionarias viales hasta las manos de los Kirchner. La maniobra, orquestada por el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti, consistía en un esquema de retornos obligatorios que las empresas de autopistas debían pagar religiosamente cada mes, generando un acumulado de 30 millones de dólares durante la vigencia del pacto corrupto.

La lógica del soborno se basaba en la coacción contractual. Según lo publicado, los empresarios entregaban sumas en dólares, que en algunos casos llegaban a los 150.000 dólares mensuales por compañía, a cambio de que el Gobierno firmara los decretos de renegociación de contratos y frenara las penalidades por incumplimientos en las obras. Si no había pago, la continuidad de la concesión corría peligro, lo que garantizaba la adhesión de las firmas al sistema ilegal.

Una vez recaudado el dinero físico, comenzaba la logística del traslado hacia la cima del poder. Uberti actuaba como el recaudador y encargado de llevar los bolsos a los puntos de entrega pactados. La investigación periodística y los testimonios judiciales confirman que el destino final de esos fondos ilícitos era, invariablemente, la familia presidencial: Néstor Kirchner recibía los pagos en mano, cerrando así un círculo de corrupción vial diseñado desde las oficinas del Ministerio de Planificación.